El 9 de julio se celebró un nuevo pleno de la Junta Municipal de Distrito a puerta cerrada. El orden del día incluía una propuesta presentada por el conjunto de asociaciones vecinales del distrito para el refuerzo de servicios sociales, propuesta que pudo ser defendida por una compañera de la Asociación.
Se planteó la necesidad de destinar a Servicios Sociales y a reforzar los servicios públicos las partidas del presupuesto de las actividades de la Junta Municipal que han quedado paralizadas durante el Estado de Alarma, para dotar a este organismo de los recursos humanos y materiales para abordar el crecimiento exponencial de la demanda de este servicio.
Asimismo, se considera que el incremento de las personas en situación de vulnerabilidad viene ocasionado por el estallido de la crisis económica que se ha desencadenado con la emergencia sanitaria como catalizador y que desde las competencias de servicios sociales o las iniciativas de solidaridad tan solo se van a poder aliviar algunas consecuencias de esta crisis que de momento vuelven a descargar sobre los hombros de la ciudadanía, como ya sucediera en 2008.
Teniendo en cuenta que el Estado de Alarma ha llevado a la suspensión total o parcial de contratos con empresas que prestan servicios para la Junta como la partida destinada a las Fiestas Populares, el cuidado de parques y jardines, algunos servicios de las escuelas infantiles y a la reducción de gastos en servicios municipales por el cierre de servicios como los centros de mayores, las instalaciones deportivas, bibliotecas o centros culturales que permanecen incluso cerrado tras el fin del Estado de Alarma.
Las Asociaciones de Vecinos apuestan por que este presupuesto sea reasignado a partidas que permitan combatir las consecuencias de una pobreza que se ha extendido rápidamente por sus barrios y aprovechar para remunicipalizar los servicios que hoy se prestan mediante gestión indirecta, es decir, en manos privadas. La anunciada contratación de trabajadores sociales, de la cual no tenemos constancia de su materialización, sigue siendo insuficiente si permanece una lógica de atención en Servicios Sociales basada en la derivación a recursos externos, dependientes en algunos casos de la caridad.
Se considera que, frente a las amenazas de recortes y privatizaciones futuras para garantizar el pago de la deuda pública que se ha generado en la gestión de esta crisis, se deben defender unos servicios públicos de calidad que, junto a unas mejores condiciones laborales que dejen atrás la precariedad y la temporalidad, garanticen unas condiciones de vida digna.
